¿Rescate financiero o protector de intereses? EE. UU., Milei y la nueva geopolítica del botín estratégico

Por Juan Pablo Capriotti

La reciente convergencia entre Washington y Buenos Aires —marcada por el espaldarazo público de Donald Trump a Javier Milei en la ONU, las gestiones del secretario del Tesoro Scott Bessent sobre un paquete de asistencia financiera y la actividad pública del embajador Peter Lamelas— exige una lectura crítica: no estamos ante un gesto desinteresado de solidaridad democrática, sino ante una maniobra que entrelaza objetivos políticos, financieros y estratégicos.

Primero lo económico: la promesa de intervención del Tesoro —compra de deuda, swap line y posibles inyecciones temporales de liquidez— opera como un «parche» que protege posiciones financieras y abre espacio para inversiones privadas norteamericanas. Eso no es neutro: ofrece alivio inmediato a mercados y al gobierno de turno, pero condiciona la recuperación a agendas ajenas (reformas, privatizaciones, aperturas) que consolidan el acceso de capitales extranjeros a sectores estratégicos. En lenguaje llano: dólares hoy, influencia estructural mañana.

En segundo lugar, la narrativa oficial sobre «seguridad» y «competencia estratégica» con China legitima una presencia militar y de inteligencia más activa en la región. Lamelas ha sido explícito sobre su intención de hacer de Estados Unidos el “partner of choice” y de promover que los recursos energéticos y minerales críticos argentinos «beneficien también a ambas naciones». Traducido a política práctica, significa priorizar acuerdos que garanticen acceso y control de cadenas de suministro estratégicas.

La retórica castrense lo acompaña. Los comentarios atribuidos a la exjefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre la abundancia regional de litio, petróleo y otras riquezas, si bien fueron descontextualizados, instalaron una idea central: que la seguridad hemisférica se mide en reservas de hidrocarburos y minerales críticos, y por tanto justifican mayor injerencia militar y políticas de seguridad económica. En otras palabras: securitizar recursos para legitimar presencia.

¿Cómo se conecta esto con la foto Trump–Milei y la figura de Bessent? La escena de la ONU no fue solo simbólica: Trump dio visibilidad política y Bessent alzó la palanca financiera. Esa tríada —presidencialismo populista alineado con un partido republicano afín, un secretario del Tesoro dispuesto a usar herramientas del Estado y un embajador proclive a gestionar intereses privados— configura un nuevo modelo de acción exterior: apoyo financiero condicionado por alineamientos ideológicos y la garantía de acceso a recursos y mercados.

La coyuntura electoral en Argentina agrega otra capa de lectura. Con las elecciones presidenciales fijadas para el 26 de octubre, el timing de los anuncios y gestos norteamericanos no parece casual. La fotografía con Trump, las promesas de dólares frescos y las señales de respaldo se transforman en activos políticos para Milei en plena campaña, y al mismo tiempo funcionan como garantías para Washington de que, de mantenerse este rumbo, sus intereses estratégicos estarán asegurados. En este sentido, la política exterior estadounidense opera no solo como socio económico, sino como factor que incide de lleno en el proceso electoral argentino.

Hay una asimetría democrática en juego. Cuando un país con problemas fiscales y monetarios recibe un “salvavidas” externo acompañado de condiciones implícitas (aperturas, seguridad jurídica para inversores, prioridad a minerales y energía), la soberanía económica se erosiona. Más aún si el embajador declara públicamente que trabajará para que “los recursos beneficien también a Estados Unidos”: ese lenguaje evidencia hasta qué punto la agenda de cooperación puede desdibujar la autonomía nacional.

Es legítimo que un Estado busque inversión y seguridad; lo problemático es que ese intercambio ocurra sin debate público amplio ni garantías institucionales de reciprocidad y control. Argentina necesita dólares y estabilidad, pero no puede hipotecar su autonomía estratégica ni abrir la puerta a decisiones que transformen recursos nacionales en bienes dirigidos prioritariamente por intereses externos. Si no se ponen salvaguardas democráticas, la “ayuda” terminará instalando un nuevo mapa de dependencia.