MAÑANA AUMENTA TODO

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles una batería de aumentos que comenzarán a regir desde mayo, profundizando el ajuste sobre el bolsillo de millones de argentinos. Las nuevas tarifas de luz y gas, sumadas a subas en el transporte, el agua, las prepagas y los colegios privados subvencionados, consolidan un escenario de creciente presión sobre los ingresos de las familias.

El impacto estimado en las boletas de servicios públicos será de entre un 2,5% y 3%, según fuentes oficiales. Esta suba responde a dos decisiones clave del Ejecutivo: la actualización del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST), y el inicio de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que favorece los ingresos de las empresas transportistas y distribuidoras mediante un mecanismo de actualización automática.

La decisión se formalizó mediante resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía, el ENRE y el ENARGAS, y forma parte del programa de "sinceramiento tarifario" que impulsa el Gobierno bajo el argumento de reducir subsidios. Sin embargo, detrás de esa retórica de “eficiencia fiscal” se esconde una realidad concreta: una transferencia de costos desde el Estado hacia los sectores más vulnerables.

Pero los aumentos no terminan ahí. En mayo también subirán:

• El agua: 1% para usuarios de AYSA.

• Colectivos y subtes: entre 5,7% y 5,9%.

• Prepagas: hasta un 3,7%, golpeando a la clase media.

• Colegios privados con subvención estatal: también hasta un 3,7%.

Estos incrementos se dan en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo, mientras el Gobierno continúa recortando transferencias, frenando la obra pública y ajustando partidas sociales. La promesa de “libertad” se traduce, en los hechos, en una creciente carga para quienes menos tienen.

Con una economía paralizada y sin signos claros de recuperación, las medidas adoptadas por el oficialismo parecen responder más a los dictados del mercado que a las necesidades de la ciudadanía. Mientras tanto, el Estado se repliega y las tarifas suben, pero la calidad de los servicios sigue sin mejorar.